Hace un año, durante la segunda semana de noviembre del 2020, el pueblo salió a las calles a hacer oír su voz, pues acababan de vacar al entonces presidente Martín Vizcarra y había entrado en su reemplazo el Sr. Manuel Merino de Lama. Fue aquel 14 de noviembre que sucedió lo inesperado, lo que parecía irreal para dos familias, Jack Bryan Pintado e Inti Sotelo Camargo, dos jóvenes estudiantes murieron durante estas protestas debido a perdigones que fueron lanzados por parte de la Policía Nacional del Perú.
Ha transcurrido un año desde aquel trágico suceso y hasta el momento no se ha sancionado a los culpables de la muerte de ambos jóvenes. Las principales preguntas que cuestionan a más de uno son: ¿Quiénes ordenaron disparar contra los manifestantes?, ¿Quiénes son los verdaderos involucrados en esta tragedia?, ¿Se tenía previsto usar armas de fuego contra los ciudadanos que eran parte de la manifestación?.
Las autoridades negaron el uso de armas de fuego durante la protesta, mediante un comunicado oficial dado el 16 de noviembre del 2020, causando una contradicción, debido a que las necropsias realizadas a ambos jóvenes decían lo contrario.
Según la necropsia que se le realizó a ambos estudiantes, su muerte fue por hemorragia, causada por perdigones.
“Laceración pulmonar más hemotórax, traumatismo torácico abierto y herida penetrante en el tórax por proyectil de arma de fuego”, se muestra en la necropsia de Inti Sotelo.
Mientras que en la necropsia de Bryan Pintado, se muestra que la muerte del joven fue causado por recibir 10 impactos de perdigones.
“Hemorragia interna. Laceración de aorta descendente. Diez heridas penetrantes por proyectiles de arma de fuego (perdigones) 04 en cabeza, 02 en cuello, 02 en tórax y 02 en brazo derecho”, se muestra en la necropsia.
Buscando al culpable
Ambos casos desataron una investigación. En primera instancia, el Ministerio Público inició dos investigaciones. Una de ellas fue una investigación hacia los altos funcionarios puesta por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien decidió indagar con la finalidad de esclarecer la presunta responsabilidad del entonces presidente Manuel Merino, el ministro del interior Gastón Rodríguez y el primer ministro Ántero Flores Aráoz; con relación al uso indebido de la fuerza policial contra los manifestantes.
La segunda investigación busca establecer las responsabilidades policiales, por el uso de la fuerza excesiva que se presentó en la protesta que se realizaba. Entre los policías acusados figuran los siguientes nombres: TNTE. GRAL. PNP. Jorge Alejandro Lam Almonte, GRAL. PNP. Jorge Luis Cayas Medinas, CRNEL PNP Percy Alberto Tenorio Gamonal, CRNEL PNP Carlos Vicente Villafuerte Salas, CMDTE PNP Charles Antonio Apaza Pilares, CMDTE PNP Carlos Vicente Villafuerte Salas, CMDTE PNP Víctor Alberto Oliva Ángulo, MAY José Luis Solari Chillcce, MAY Juan Pablo Chenet De Pozo, CAP PNP Mario Ángelo García Chávez.
Cabe resaltar que luego de haberse presentado los disturbios por el uso de armas de fuego contra la población, el primer ministro Ántero Flores Aráoz, se pronunció en un acto público, mencionando en agradecimiento a la Policía Nacional por el desempeño de la organización durante las protestas que él siempre procedería en el cumplimiento de los derechos humanos y de los protocolos. En esa intervención añadió que los policías “Encontrarían en él un defensor”.
En cifras
Por otro lado, algo que en su momento se mencionó de forma ligera son las cifras que dejaron aquellos días de protesta, en especial los datos que se maneja hasta aquél tortuoso 14 de noviembre, se tiene un aproximado de más de 200 heridos, entre las cuales existen 78 heridos denunciantes en Fiscalía, 19 heridos con municiones prohibidas y los 2 fallecidos por perdigones de plomo (Laura, 2021).
Entre los más de 200 heridos, se halla un número alarmante de 26 heridos graves, quienes dieron declaraciones al medio “Ojo público” por los daños irreparables a su vida que tuvieron a causa de salir a protestar por desear un país mejor para sí mismos.
Según Rosa Chávez Yacila, redactora de Ojo público, en las estadísticas que maneja la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), al menos durante los últimos 18 años en donde el pueblo peruano ha salido a las calles a protestar, existe un aproximado de 2500 heridos, entre los cuales casi 600 de estos recibieron disparos por proyectiles de armas de fuego. Por si esto no fuera poco, los lugares donde más fueron atacados estos manifestantes fueron en la cabeza, cuello y torso y mediante estos ataques, las víctimas han resultado con heridas que los acompañan de por vida y que no les permite llevar una vida normal, como lo era previo a las manifestaciones donde fueron atacados.
Tristemente, en los registros de la CNDDHH, ninguno de los responsables de las agresiones propiciadas en los últimos 18 años ha recibido una sanción penal. Todas las muertes ocasionadas durante ese periodo de tiempo siguen impunes. Eso nos genera una nueva pregunta, ¿Qué haría diferente este caso?
La otra cara de la moneda
Mucho se habla del maltrato que sufrieron los manifestantes, sin embargo, poco o nada se escucha sobre los ataques que sufrieron muchos de los policías que se encontraban resguardando la marcha y verificando el control ciudadano durante esos días de protesta. En un comunicado de prensa de la PNP el día 13 de noviembre (un día antes de las lamentables muertes de Inti y Bryan), se menciona que once policías resultaron con lesiones producto de las manifestaciones, sin embargo, no detallan a fondo qué tipo de lesiones tuvieron.
El suboficial superior en situación de retiro Marcelo Jorge Regalado Arias comenta que muchas veces este hecho no se muestra en medios de comunicación porque siempre eligen qué hacer, y en este caso, que solo decidieron mostrar a las víctimas entre los manifestantes, ya que existe el pensamiento de que ellos están siendo respaldados por su organización y que por ende no necesitan ayuda.
Para los policías, no es sencillo estar cubriendo manifestaciones públicas, pues, aún si es parte de su deber, resulta una labor compleja y arriesgada en muchos aspectos. En su mayoría, comenta el suboficial Regalado, los policías son heridos en estas manifestaciones con piedras, botellas y palos que llevan ciertos grupos reducidos de ciudadanos que tienen poco o nulo interés real en la protesta y por el contrario, van con la finalidad de instigar violencia.
“En el caso de disturbios en las manifestaciones, está permitido el uso de perdigones y bombas lacrimógenas, excepto de las armas de fuego”, afirma el suboficial Regalado. Este hecho se evidencia en una investigación realizada por Humberto Alvarado durante su tesis de maestría, donde menciona que la PNP tiene un manual de control de multitudes, en donde se utilizan ciertos procedimientos y tácticas de forma progresiva y diferenciada, sin embargo que el punto clave de cómo tratar a los manifestantes es la verbalización entre el policía y ellos, pues finalmente se debería buscar el medio menos lesivo y la negociación para lograr llegar a un acuerdo.
Sin embargo, tras la poca investigación que se muestra sobre los policías heridos en las manifestaciones de noviembre del 2020 en Lima, y la prensa señalando a la institución de la PNP como los principales culpables de la lamentable muerte de Inti y Bryan, las personas parecen haber olvidado que ellos también asistieron a proteger a la ciudadanía esos días. Al parecer, desde este punto de vista, solo se busca a quien culpar y no a los verdaderos culpables de aquellas manifestaciones, donde el más poderoso es quien sale ileso.
Otro dato vital que nos brinda el Suboficial Marcelo Regalado, es respecto a quiénes pueden portar armas durante las protestas. Según el suboficial “cada grupo de disturbio estaría formado por 9 policías, de los cuales los todos portan casco y su vara; uno de los 9 tiene permitido usar una escopeta que lanza granadas, otro usa una escopeta que lanza perdigones y los restantes usan su escudo, vara y bombas lacrimógenas; el oficial que se encuentra al mando sería el único que puede usar arma de fuego (pistola)”. Esta información brindada, no se vería plasmada durante la protesta de aquel 14 de noviembre, que dejó como consecuencia dos fallecidos, pues, se logró visualizar a la mayoría de policías portando los lanza perdigones.
Las declaraciones brindadas por el Suboficial Regalado se contrastan con la información dada en diversas guías de actuación policial en reuniones públicas, pues en dichos documentos se menciona que los policías no pueden ejercer la fuerza de autoridad en cualquier protesta. Solo se puede recurrir a ello, cuando otros medios resulten ineficaces o no se garantice de ninguna manera el logro del resultado previsto, y las armas que se puedan utilizar deberán ser incapacitantes no letales y evitar lesiones o muertes. Además, se menciona en varios documentos similares que el uso de la fuerza policial es aplicado como la última ratio, por ello para alcanzar el objetivo legal se debe intentar garantizar sobre todo los derechos de todos, policías y manifestantes.
Como consecuencia de todo el panorama en este año, se debe tener en cuenta que los “culpables” públicamente aún no son identificados, esto deja en evidencia pues que dentro del Ministerio del Interior se busca proteger a sus altos mandos, sin embargo, tal como lo menciona Pacha Sotelo -hermano de Inti Sotelo-, el que el MININTER quiera absolver los cargos de los policías que dieron las órdenes de disparar o dispararon contra los manifestantes durante las marchas contra el gobierno de Manuel Merino, solo hace que manche el nombre de toda la PNP.
“Ahora reiniciarán los procesos de investigación debido a la absolución que solicitó Avelino Guillén, sin embargo, él no puede meterse (a tomar decisiones) en estas sanciones disciplinarias”, afirma Pacha Sotelo.
Las familias de las víctimas esperan justicia. El sr. Oscar Pintado manifiesta: “Que caigan los responsables, desde los más altos mandos hasta los que dispararon”. Las centenas de heridos que dejaron aquellos días de protesta aún buscan ayuda para sobrevivir. Incluso los policías heridos buscan ayuda en silencio. Y el Perú entero solo quiere saber quiénes fueron los responsables de la muerte de Inti y Bryan, a quienes hoy se les considera “los héroes del bicentenario”.
A más de un año de lo ocurrido, el viernes 10 de diciembre del 2021, finalmente se declaró procedente la denuncia constitucional que presentó la fiscalía de la Nación contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por las muertes de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez. Por ahora solo nos queda esperar a que la justicia llegue, pues en nuestro país, al parecer se ha acostumbrado a extender los procesos legales hasta el cansancio, y la justicia parece nunca llegar.
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